Esa era la pregunta que se hacía el gran procesalista italiano Piero Calamandrei hace ya bastantes años, el tema ha estado latente desde hace rato, mas ahora ha aflorado a la superficie de la palestra pública luego de sucesos bastantes puntuales, a saber:

1. Las críticas públicas de la Senadora Evelyn Matthei respecto a la formacion de abogados en ciertas y determinadas universidades, en específico lanza sus dardos respecto de los “programas especiales de titulación”;
2. Como respuesta de lo anterior, con el autoacordado e instructivo de la Exma. Corte Suprema en la cual el Licenciado en Ciencias Jurídicas debe ser necesariamente egresado de la misma, sin perjuicio de las convalidaciones de ramos cursadas en otras escuelas de derecho;
3. La columna de opinon de Pablo Rodríguez Grez, en la sección “Tribuna” de El Mercurio con fecha 21 de Junio del presente en la cual despotrica con la proliferación de escuelas de Derecho y sugiere una división entre corporativistas y litigantes. Esta columna trajo una retahíla de cartas al director del mentado matutino y otras columnas de opinión como la de Miguel Ángel Schweitzer con fecha 2 de Julio del año en curso.

Esto se veía venir.

En mi humilde opinión, la Carta de 1980 (sobretodo respecto a la libertad de enseñanza) y la, a estas alturas infame, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) han creado a Frankenstein, parafraseando a León Gieco “un monstruo grande que pisa fuerte“, que se esta empezando a escaparse de las manos de sus mismos ideólogos, los cuales en este momento están quebrándose la cabeza para dar con la ecuación perfecta:

Cómo tener una abogacía de calidad sin pasar a llevar los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico.

Preguntas a tener en cuenta en este debate:

• ¿Cómo certificar la “idoneidad” profesional del futuro letrado sin pasar a llevar la sacrosanta autonomía universitaria?
• ¿Iremos a tener un Examen nacional de la abogacía así como el Exámen médico nacional ?
• ¿Como tener un control ético eficaz sobre los abogados de forma tal que no se pase a llevar la libertad de asociación?

• Si vamos a tener la diferenciación anglosajona entre el Lawyer y el Barrister vía examen habilitante ¿cual será el valor real de la examinación de Derecho Procesal en los exámenes de grado?

El problema en cuestión es mas complejo de los que se plantea en la pregunta de marras, es bastante fácil (hasta “chanta”) hacer creer que controlando la “oferta” de letrados se soluciona milagrosamente la calidad de la abogacía.

Hoy por hoy lo que está “haciendo agua” es la forma en la cual se esta enseñando el derecho, metodología que en lo medular no ha variado, por lo bajo, en los últimos 50 años.

Esta metodología rancia donde campeaba con esplendor la clase magistral y el conocimiento enciclopédico se correspondía con tiempos pretéritos del “papel proceso”, la muerte civil, los préstamos a la gruesa ventura, los juzgados de distrito y subdelegacion y cosas por el estilo. El mundo era objetivamente menos complejo por tanto se esperaba que el abogado en virtud de su formación de trivia enciclopedica jurídica integral funcionare casi como una “cortapluma suiza”: manejar con igual pericia excarcelaciones, manifestaciones mineras, ordenaciones de testamentos, sumarios administrativos, reclamaciones tributarias, materias de policía local, etc., por dar ejemplos.

Hoy en día esto no sirve.

En esta última década nuestro ordenamiento jurídico ha evolucionado mas rápido que en toda nuestra vida republicana y lo va a seguir haciendo, es cosa de constatar las repercusiones que han traido las reformas en lo penal, de familia, laboral, etc. Entonces esa formación “integral” ha degenerado en la obtención de un mar de conocimientos con una profundidad de 5 cm.

Obviamente esto repercute en la calidad de la abogacía, y si a la mala educacion se le suma la multiplicidad de escuelas de Derecho que enseña de la misma forma, no rasguemos vestiduras por favor.

No es que hayan demasiados o pocos abogados, simplemente los hay buenos y malos; y ambas características cualitativas pueden provenir de cualquier escuela de Derecho.